Una semana de desorientación y ruido político en el oficialismo
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Como un acto reflejo, Alberto Fernández tuvo una reacción inicial al estilo del viejo kirchnerismo, cuando dijo que las denuncias por la liberación de presos estaban orquestadas por sectores de la oposición y de los medios. Pero con el correr de los días, comprendió que el asunto era más complejo y que, al proyecto de descomprimir el hacinamiento en las cárceles, se montaron abogados y jueces con juego propio, que no necesariamente tienen una terminal política.
El “leading case” contra los jueces que están bajo sospecha será presentado mañana ante el Consejo de la Magistratura bonaerense y recaerá sobre el juez de Ejecución de Bahía Blanca, Claudio Brun, sobre quien se reclamará la suspensión preventiva y el apartamiento del juzgado hasta tanto se dicte la sentencia del Jury. En los hechos, la presentación servirá de modelo para denunciar a otros jueces señalados de haber “operado libertades y beneficios irregulares”.
Tras una semana de desorientación política, que incluyó un cacerolazo que llegó a sentirse en el Conurbano -lo que encendió las alarmas del oficialismo-, el Presidente espera ahora que baje la espuma. Por eso mandó a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, a mostrarse comprensiva con el reclamo de la sociedad y esta, a su vez, indicó a su segundo Juan Martín Mena que se baje de la mesa de diálogo con los presos de la cárcel de Devoto, que venían de protagonizar un motín.
El epicentro de la controversia radica en la provincia de Buenos Aires. Aquí, la mira está puesta sobre el comportamiento de jueces de ejecución y de garantías. Y también el de abogados con sólidos nexos policiales. Pero el ejemplo debe darse desde arriba: no contribuyó en nada que la secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidiera la liberación de Ricardo Jaime, condenado por hechos de corrupción, invocando razones de salud debido a la pandemia de coronavirus.
Se trató de un grave error político que el Presidente no terminó de sancionar y que asentó la idea de que hay funcionarios que reportan directamente a Cristina Kirchner y persisten en un encuadramiento ideológico que, en algunos casos, puede no coincidir con el de Alberto F.
En sentido inverso, la amonestación de la vicepresidenta se levanta con rapidez: aunque anunciada, la salida de Alejandro Vanoli de la Anses tuvo un último empujón que provino de La Cámpora. La agrupación que lidera Máximo Kirchner no solo se quedó con el cargo que ocupaba Vanoli, colocando allí a Fernanda Raverta, sino que retuvo el ministerio de Desarrollo bonaerense, ahora bajo el comando de Andrés Larroque.
Vanoli cometió dos pecados: se peleó con el segundo de Anses, el camporista Santiago Fraschina; y no envió representantes del organismo a la asamblea de accionistas de Telecom. Irónicamente, será ahora miembro del directorio de Edenor.
Cuestionamientos a Cafiero
Vanoli había quedado marcado desde que expuso, por impericia según afirman en el Gobierno, a cientos de miles de jubilados en los bancos. Más acá en el tiempo, insinuó que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) no se extendería a mayo y terminó siendo eyectado del cargo que maneja la caja presupuestaria más abultada del país. Aunque el ruido político que se generó en el Gobierno no terminó en Vanoli: también el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, empezó a ser sometido a un desgaste interno.
Sin embargo, en el entorno de Alberto F. minimizaron esa situación: “Es parte del rol que asume el jefe de Gabinete. El desgaste existe en todos los frentes y no vamos a andar llorando. Hay que laburar”, sintetizó el pensamiento presidencial uno de los funcionarios que lo frecuenta a diario en la quinta de Olivos. Algunos señalan, no obstante, que las críticas a Cafiero –desde distintos sectores del Frente de Todos- obedecen a la creencia de que será candidato el año próximo.
Más precisamente, que será el hombre del Presidente para encabezar la lista de diputados nacionales en la Provincia. Y ya se sabe que el corazón político de la coalición gobernante está en territorio bonaerense, donde conviven el kirchnerismo, el massismo y el incipiente “albertismo”, cuyo armado recae sobre intendentes del Conurbano y ministros como Gabriel Katopodis, de Obras Públicas. En ese contexto deben interpretarse los cuestionamientos al joven Cafiero.
El ruido político interno también llega al área económica. El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, fue blanco de los mismos cuestionamientos que alcanzaron a Vanoli por aquel “viernes negro” con los jubilados. Mientras que el ministro de Economía, Martín Guzmán, goza al momento de una coraza de protección porque pilotea la reestructuración de la deuda, sobre la que se vienen días decisivos. “Si lo atacan los fondos buitres, hay que bancarlo”, razonan en el oficialismo.
Cafiero y Guzmán deben terminar de definir, en el Gabinete económico, la cantidad de empresas que recibirán hasta la mitad del sueldo de sus empleados por parte del Estado. En principio, el próximo jueves se transferirán fondos a las cuentas de 1.700.000 trabajadores que se desempeñan en 180.000 empresas, de las 420.000 que se anotaron para recibir el plan. También resta definir si se reabrirá la inscripción para el IFE y seguirá con los mismos 8 millones de beneficiarios.
Cómo sigue la cuarentena
En este contexto político y económico delicado –que conformó las dos peores semanas de Alberto F. en el poder-, el Presidente tiene ahora por delante una semana para definir cómo seguirá la cuarentena que decretó el 20 de marzo pasado, hace 43 días. Los expertos que lo asesoran ya aconsejaron las salidas de esparcimiento que Alberto F. se apresuró a comunicar sin consultar a los gobernadores, lo que le valió un traspié en un asunto con el que cimentó su imagen pública.
No obstante, el comité sanitario insiste en morigerar la cuarentena para que no se produzca una “explosión social”, ya no vinculada a la presión por la reapertura de actividades económicas, sino teniendo en cuenta la salud mental de la población. Entonces, madura en el ministerio de Salud una segmentación geográfica, ocupacional y etaria del aislamiento social, que será elevada al Presidente en los próximos días. La preocupación sigue centrada en el Área Metropolitana.
De hecho, en la región que une a la ciudad de Buenos Aires con los tres cordones del Conurbano hay computados 2.829 casos positivos de COVID-19, el 62,40% de los registrados a nivel nacional. Y dentro del AMBA, la Provincia tiene un 36,34% más de casos que CABA. Al interior del Conurbano, la mirada está puesta en la zona oeste: los testeos rápidos dieron 8 positivos en la estación Once, cabecera del tren Sarmiento, que une la capital con esa populosa región del GBA.
Los testeos que miden la circulación comunitaria del virus unos 20 días atrás se harán también en la zona sur del Conurbano y luego podrían realizarse aquí en La Plata. Mientras las autoridades sanitarias acumulan datos para elevar al Presidente, el Congreso tendrá en la semana su primera sesión remota. El miércoles habrá un ensayo general en la Cámara de Diputados y un día después, los legisladores tendrán una sesión “mixta” para tratar iniciativas vinculadas a la pandemia.
En el Senado, las conversaciones entre el oficialismo y la oposición vienen más enredadas. Cristina propuso una modalidad de sesión que la ubica solamente a ella en el recinto, acompañada por los secretarios del cuerpo, mientras que el resto de los legisladores tendrían que conectarse desde lugares con buena señal como las legislaturas provinciales. Los bloques opositores no tomaron de buen grado la idea y, por ende, no estaba confirmado que la Cámara alta sesione en la semana.
