Alberto Fernández, Axel Kicillof y Rodríguez Larreta definieron los alcances del aislamiento.
El “supercepo” abre heridas en el Gobierno
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La forma en que se implementó el “supercepo” al dólar dejó heridas en el Gobierno. Más precisamente, en el Gabinete económico. La controversia más directa se generó entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.
Guzmán trató de parar, hasta último momento, la medida que hace más de un mes que Pesce le había recomendado al presidente Alberto Fernández para frenar la sangría de reservas que, en su parte líquida, no alcanzan actualmente a superar los 3.000 millones de dólares.
Siguiendo a Guzmán, el Presidente pidió tiempo para terminar el canje de bonos de la deuda y para tratar de revertir la tendencia sin apelar a una medida de esa naturaleza. Pero Pesce lo terminó de convencer en una reunión en la quinta de Olivos, donde exhibió una planilla con datos contundentes. Ya se sabe que cuando las reservas internacionales se reducen, los gobiernos argentinos tiemblan.
Guzmán jugó su última carta en una entrevista que dio al diario La Nación, en la que advirtió que un endurecimiento del cepo cambiario solo serviría para “aguantar”, pero no para “tranquilizar la economía”, como suele definir a su principal objetivo de gestión. Pero la decisión de Alberto F. ya estaba tomada. El ministro de Economía solo consiguió no quedar como “socio” de Pesce en la comunicación del “supercepo”. Algunos dicen, en la interna oficialista, que recibió consejos para despegarse de una medida impopular, como lo es el recargo del 35 por ciento al dólar ahorro.
Sin embargo, Guzmán resultó dañado por la jugada de Pesce, ya que la anunció el mismo día –en forma desprolija por cierto- en que el Gobierno envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2021. La iniciativa contempla una cotización del dólar a $102,40 para el año que viene, a $124,80 para 2022 y a $146,60 para 2023. La estimación quedó absolutamente desdibujada por el nuevo valor de la divisa. Y ni hablar de la disparada del dólar “blue”.
Los partidarios del cepo
Pesce debía concurrir al Congreso este lunes a un plenario de las comisiones de Finanzas y Comercio, pero el encuentro fue suspendido. El oficialismo legislativo comprendió que la oposición pondría el dedo en la llaga. También está en duda la presencia de la administradora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, en la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que mañana buscará emitir dictamen para el impuesto a las grandes fortunas (aporte solidario en el léxico oficialista) sin que la funcionaria aclare las dudas que tiene la oposición sobre la base imponible del gravamen.
Marcó del Pont, que presidió el Banco Central en épocas de Cristina en la Casa Rosada, se alinea dentro del Gobierno entre quienes consideran que el endurecimiento del cepo era necesario. En la misma línea se ubica la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, a quien el Presidente le pidió que saliera a defender la medida en los medios de comunicación.
Todesca sostiene que si la economía argentina vuelve a crecer el año próximo, entonces necesitará de dólares porque aumentarán las importaciones. Menos convencido estaría el ministro de la Producción, Matías Kulfas, para quien el endurecimiento del cepo puede perjudicar a las empresas de cuyo funcionamiento se requiere para poner en marcha el aparato productivo.
Guzmán presentará el martes el Presupuesto 2021 ante los diputados nacionales. Será una presentación distinta, a través del zoom, como se impuso en tiempos de pandemia. El ministro de Economía ya dejó sentada su postura ante los diputados y senadores del oficialismo en un contacto virtual el último viernes, del cual el FdT hizo silencio de radio.
Pero hay un dato sobre el Presupuesto que no pasa inadvertido: los fondos para subsidios de los servicios públicos no crecerán en 2021, con lo cual el congelamiento de las tarifas se mantendrá hasta fin de año y luego, tendrán que actualizarse por inflación.
Fernández, en modo Cristina
Mientras el equipo económico atraviesa su primera crisis interna, el Gobierno avanza en el campo político. El presidente Fernández aceleró a fondo con la quita de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, pese a que el alcalde Horacio Rodríguez Larreta fue su aliado en medio de la pandemia de coronavirus. La jugada del Presidente está en línea directa con la posición histórica de su Vice sobre los fondos que maneja la CABA.
El empoderamiento de la Vicepresidenta también se verificó en la última sesión del Senado, en la que se desplazó a tres jueces que habían sido trasladados durante el macrismo y que, hasta ahora, intervenían en causas que investigan hechos de corrupción cometidos durante el kirchnerismo. De no mediar un fallo contrario de la Corte Suprema, que se tomaría su tiempo para analizar el fondo del asunto, los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli deberán regresar a su jurisdicción de origen. En el decreto del Poder Ejecutivo que convalidó la decisión del Senado, se aclaró que no se considerarán nulas las actuaciones de los tres magistrados, tal como denuncia la oposición, aunque esa decisión corresponderá a los jueces.
La Corte, que realiza los acuerdos en forma remota –algunos de los jueces transcurren la cuarentena en el interior del país-, acaba de recibir además la demanda del Gobierno porteño para tratar de frenar la quita de coparticipación. Larreta demoró varios días la presentación ante la Corte, pero con semejantes números no le quedó otra que encarar la vía judicial. Así se lo explicó en persona a Fernández el jueves en Olivos, tras la reunión del desarmado tridente del AMBA que componen con el gobernador Axel Kicillof.
El oficialismo cierra filas pero...
“Nuestra tarea es reconstruir la Argentina juntos. Aunque algunos quieran vernos divididos, no les vamos a dar el placer”, dijo Massa junto a los intendentes Insaurralde y Cascallares, de la Tercera Sección, en un mensaje que escucharon “in situ” Máximo Kirchner y Wado de Pedro.
En el Frente de Todos se impone la idea de cerrar filas frente al acuciante cuadro económico que dejará la pandemia. Hasta ahora, la omnipresencia del coronavirus cubrió las falencias de la gestión. Pero hasta el Gobierno parece cansado de la pandemia, a juzgar por la actitud de Fernández de no participar del anuncio de la extensión de la cuarentena hasta el 11 de octubre, lo que no cayó bien en el interior del país.
En este marco de incertidumbre política y económica ingresa la Argentina al tramo final de un 2020 que nadie va a extrañar.
